La Defensoría de los Habitantes declinó
participar en el proceso de Construcción de la Primera Política Regulatoria,que la ARESEP piensa instaurar en nuestro país. Al respecto, la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, fue clara en indicar que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Defensoría de los Habitantes ha sido contundente y reiterativa en indicar que la participación de nuestra institución en la
elaboración de políticas y otros procesos, implica asumir roles de «Administración Activa” que inhiben el ejercicio del control de legalidad en favor de las y los habitantes que está llamado por Ley a desempeñar.


En la actualidad, la Defensoría de los Habitantes interpuso un amparo de
legalidad en contra de la ARESEP, a efectos de que se dicte el Acto Final de
la audiencia que evaluó la metodología que fija el precio de los combustibles;
ya que es criterio de la Defensoría que la metodología debe basarse en los
precios reales con los que RECOPE adquiere los combustibles y no con base
en los precios de referencia del mercado internacional (que son normalmente
más onerosos y por ende más perjudiciales para el usuario final).


La Defensoría también ha interpuesto un recurso de apelación contra la
Intendencia de Energía ante la Junta Directiva de ARESEP, en razón de que
ésta utilizó el espacio de una audiencia convocada para el tema de tarifas
para introducir cambios en la metodología con que se determina el precio de
la electricidad sin los estudios técnicos necesarios que garanticen no
perjudicar a los hogares en el pago de su factura eléctrica.


En el contexto actual, “La Defensoría de los Habitantes no puede ser Juez y
Parte; es decir, estar por un lado trabajando en conjunto con la ARESEP
formulando una política pública regulatoria; y por otro, supervisando la
aplicación de esa política e interponiendo acciones legales en contra de la
misma” dijo la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.

En términos generales, al Ombudsman le corresponde velar porque las
actuaciones de la Administración se realicen de conformidad con lo que
dispone el ordenamiento jurídico como un todo. En el caso de Costa Rica, el
legislador dispuso que la Defensoría de los Habitantes fuera un órgano
encargado de velar porque la actividad del sector público se ajuste a la moral,
la justicia y al ordenamiento jurídico; además le corresponde la labor de
promocionar y divulgar los derechos de las y los habitantes. Por ende, la
Defensoría no sustituye de modo alguno las actuaciones materiales ni las
omisiones de las instituciones que conforman la Administración Pública, en
virtud de que estas instituciones tienen sus propios ámbitos de competencia
que la Defensoría no puede hacer suyos.


En este sentido, la Ley de la Defensoría de los Habitantes, No. 7319 del 17
de noviembre de 1992, dispone lo siguiente en el párrafo 1 del artículo 14 de
la misma ley, en lo que interesa, lo siguiente: “La intervención de la
Defensoría de los Habitantes de la República no sustituye los actos, las
actuaciones materiales ni las omisiones de la actividad administrativa del
sector público, sino que sus competencias son, para todos sus efectos, de
control de legalidad…”


La labor de control que ejerce la Defensoría de los Habitantes, ha sido entendida por la jurisprudencia patria en los siguientes términos:“…la función que realiza la Defensoría es de control, es decir, estrictamente tutelar, la cual se inserta dentro de las funciones de tutela administrativa, que le son propias respecto de todo el aparato estatal. Con lo cual, su facultad se limita a la emisión de pronunciamientos en los que hace recomendaciones a las Administraciones investigadas, a fin de que la actuación administrativa se adecue a la legalidad (…), según se ha desarrollado en la sentencia número 63-2000, de las catorce horas cincuenta minutos del veintiocho de enero del dos mil, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia”.


“Por lo tanto, el asunto que nos ocupa es el de Ser o No Ser; es decir, o somos
parte de la Administración Activa del Gobierno y participamos junto a ellos
en la emisión de política pública; o bien, asumimos el rol que nos
corresponde de cara al control objetivo de las instituciones públicas en favor
de las y los habitantes. Y yo, como Defensora, he asumido lo segundo” dijo Catalina Crespo.